El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes por unanimidad sendas proposiciones no de ley en las que se pide al Ministerio de Industria que declare la extinción del permiso Luena y se insta al Gobierno de Cantabria a presentar un nuevo proyecto de ley contra el fracking, atendiendo a la capacidad competencial de la comunidad para evitar que el Tribunal Constitucional lo pueda anular como hizo con la aprobada por unanimidad en la anterior legislatura.
La propuesta relativa a la extinción del permiso de investigación de hidrocarburos Luena ha sido promovida por Podemos. El PRC ha propuesto en el mismo Pleno incluir el permiso Bezana-Bigüenzo, dado que en ambos casos se ha vencido el plazo de seis años sin que la empresa promotora haya solicitado prórroga, pero el reglamento del Parlamento no lo ha permitido porque los regionalistas no lo han plasmado en una enmienda. La petición obedece a que una vez transcurrido ese plazo de seis años, el permiso sigue vigente si no se formaliza su caducidad.
La segunda iniciativa, promovida por el PRC, insta al Gobierno de Cantabria a «responder, en el marco de la legalidad vigente, de manera urgente a la amenaza de la utilización de la técnica de fractura hidráulica como medio para la extracción de gas, considerándolo como prioridad política, social, ambiental y económica de toda la Comunidad Autónoma».
Con el fin de facilitar la respuesta administrativa y jurídica a los distintos procedimientos en marcha, la PNL señala que se articulará, a través de la Federación de Municipios y con el apoyo del Gobierno, la colaboración necesaria para proporcionar a los ayuntamientos la asistencia que precisen en el ámbito jurídico y administrativo para ejercer adecuadamente sus competencias.
Igualmente, se insta al Gobierno a que, a la mayor brevedad posible, redacte y presente un nuevo proyecto de ley en el que atendiendo al fallo emitido por el Tribunal Constitucional y a la capacidad competencial de la Comunidad Autónoma, se regulen y defiendan los intereses sociales, naturales, culturales, patrimoniales y medioambientales de Cantabria frente a proyectos de investigación o extracción de hidrocarburos que pudieran ser perjudiciales para la región en las citadas áreas de competencia exclusiva.
El PRC ha aceptado una enmienda del PSOE que pide la modificación de la Ley estatal de Hidrocarburos y la derogación de los artículos de la misma que permiten el fracking. Desde Ciudadanos han ironizado sobre el hecho de que el Gobierno «se solicita así mismo que dé un paso para adelante». «El Gobierno tiene potestad para hacer estas cosas sin que sus propios grupos parlamentarios se lo pidan», ha dicho Rubén Gómez.
Reproches cruzados
Durante el debate de ambas iniciativas, los cinco grupos parlamentarios se han esforzado en poner en valor su «total oposición» a la técnica del fracking, a la vez que se han cruzado todo tipo de reproches con alusiones en clave autonómica y nacional.
Tanto los grupos que sustentan al Gobierno, PRC y PSOE, como Ciudadanos y Podemos, han reprochado al PP que su senador Javier Fernández, exconsejero de Medio Ambiente, y su diputado nacional Diego Movellán, exalcalde de Camargo, se hayan ausentado de sendas votaciones en las Cortes de iniciativas que pedían la prohibición del fracking a nivel nacional, lo que C’s ha calificado de «hipocresía», el PSOE de «contradicción» y el PRC de «traición».
Desde el PP han replicado que «no se trata de hipocresía», han defendido la decisión de sus parlamentarios nacionales y han recalcado que el PP de Cantabria «ha combatido del fracking de todas las maneras posibles y con lealtad» porque «no lo queremos bajo ningún concepto».
Así, han recordado que el Gobierno de Ignacio Diego impulsó en la anterior legislatura la declaración firmada por todos los alcaldes para declarar Cantabria territorio libre de fracking, y promovió una ley «arriesgada» que, aunque fue declarada inconstitucional, «permitió que no se hiciera fracking en Cantabria».
Para el diputado del PP José Manuel Igual, las «contradicciones» las trae el Gobierno» al presentar una proposición de ley de modificación de la Ley del Suelo para retomar la actividad en la mina de Reocín que «abre la puerta al fracking».
Lo mismo ha dicho la portavoz de Podemos, Verónica Ordóñez, quien ha sumado a esa crítica la «inacción» del Gobierno autonómico por no solicitar por sí mismo la extinción del permiso de investigación de hidrocarburos Luena.
El portavoz del PRC y alcalde de Valderredible, Fernando Fernández, les ha replicado que «no es cierto» que la reforma de la Ley del Suelo abra la puerta al fracking y ha asegurado que «si hubiera un pequeño resquicio» en ese sentido, el PRC «actuará tajantemente para evitarlo».
Fernández ha reprochado al PP que justifique la «actitud vergonzante» de sus parlamentarios nacionales y ha añadido que en la anterior legislatura el PP cántabro hizo creer a la opinión pública que tenía una actitud «valiente y honesta» frente al fracking pero a su entender fue «todo un puro teatro».
Así, ha recordado que fue el Gobierno de Rajoy el que recurrió ante el Tribunal Constitucional la ley antifracking impulsada por el PP en Cantabria, y se ha preguntado «qué credibilidad tiene el PP» cuando tiene en su mano modificar la Ley estatal de Hidrocarburos y no lo hace.
Por otro lado, el PP ha replicado a la coalición PRC-PSOE que el permiso Luena fue aprobado en 2010 por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, junto a los permisos Angosto y Bezana Bigüenzo, y que el único permiso concedido en Cantabria, el Arquetu, lo dio el primer Gobierno PRC-PSOE.
El portavoz del PSOE, Guillermo del Corral, ha defendido que el permiso Luena fue aprobado cuando aún no se conocían las repercusiones del fracking sobre el medio ambiente y la salud y no hubo ningún tipo de oposición.
El portavoz del PP Eduardo Van den Eynde ha replicado que no se puede apelar al desconocimiento sobre el fracking en 2010 porque «ya se conocían perfectamente los problemas que podía llegar a causar».
«Si se actuó por desconocimiento es una responsabilidad», ha apostillado, a la vez que ha animado al Gobierno a impulsar una ley que pueda eludir los argumentos de inconstitucionalidad que anularon la norma impulsada por el PP en la anterior legislatura.
Plataforma No al TTIP Parla 