IU denuncia que el CETA “hiere de muerte” al sector del vino.

Izquierda Unida ha denunciado este miércoles que el Acuerdo Integral de Economía y Comercio (CETA) que el Parlamento Europeo aprobó el pasado día 15 y que abre las puertas del mercado continental a los productos canadienses “hiere de muerte” al sector agrícola andaluz y, en concreto, al sector del vino. El coordinador general de la coalición, Antonio Maíllo, ha exigido hoy al Gobierno de Susana Díaz que dé explicaciones sobre qué medidas piensa adoptar para afrontar la “amenaza durísima” que se cierne sobre las explotaciones del sector primario de la comunidad. En el caso del sector vinícola, ha augurado que “no habrá denominación de origen que se respete”.

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La firma del acuerdo

Acompañado por Marina Albiol, eurodiputada de la formación, Maíllo ha reclamado una respuesta contundente del Ejecutivo andaluz, que está “callado y mirando hacia otro lado”, con una presidenta a su juicio en una posición “de opereta” ante las previsibles consecuencias de la “ruina inminente de las explotaciones agrícolas y ganaderas andaluzas”. Como ejemplo, IU recuerda que en Canadá existen explotaciones de hasta 20.000 cerdos, algo “impensable” en la región. La apertura total sin restricciones de todo el mercado nacional a esos productos que lleguen desde el otro lado del Atlántico deja a su juicio al sector primario de la comunidad en una evidente situación de desventaja.

IU recuerda también que aunque el acuerdo adoptado hace días en Estrasburgo necesita la ratificación posterior de los parlamentos europeos, se aplicara de forma inmediata y con carácter provisional. La coalición exigirá una paralización y recuerda el papel que ha jugado recientemente el Parlamento belga de Valonia, capaz con sus protestas y movilizaciones de frenar la aplicación del acuerdo en su territorio.

“El TTIP no está vivo ni muerto; está en pausa”.

Las negociaciones por la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP) no están vivas ni muertas, se detuvieron al finalizar el Gobierno de Barack Obama, pero la UE está lista para retomarlas con la administración de Donald Trump, dijo el embajador del bloque en EEUU, David O’Sullivan.

En: sputniknews.com

“El TTIP no está vivo ni muerto; está en pausa”, dijo O’Sullivan en una conferencia en el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, con sede en Washington.

El diplomático observó que si bien la UE está lista para seguir las negociaciones si el Gobierno de Trump está interesado, de momento no hay nadie con quién hablar.

La UE está a la espera de que se nombren los funcionarios pertinentes para saber qué es lo que quiere hacer Washington con estas negociaciones, añadió O’Sullivan.Las negociaciones entre EEUU y la UE, que comenzaron en 2013, tenían como fin establecer una zona de libre comercio a los dos lados del océano Atlántico.

Desde el comienzo de las conversaciones, el TTIP despertó críticas por su falta de transparencia y preocupaciones por el poder que hubiera puesto en manos de las corporaciones transnacionales.

El 23 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva en la que retiró a su país del Acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP por sus siglas en inglés) y prometió renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Respecto del TTIP, medios locales especulan con que Washington demore, como mínimo, las conversaciones.

El Grupo Parlamentario Regionalista ha obtenido el apoyo unánime de la Cámara en su proposición no de ley para la eliminación de “cualquier posibilidad” de la utilización de la técnica del fracking en la Comunidad Autónoma.

PRC y PSOE critican que Fernández y Movellán se ausentasen de las votaciones contra el fracking en las Cortes.

En: noticiasdecamargo.es

TTIP20

En su propuesta, los regionalistas plantean la redacción de una nueva ley, “a la mayor brevedad”, acorde a los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional en su sentencia de 2014 dentro la capacidad competencial de Cantabria, con el objeto “eliminar” cualquier resquicio a la utilización de esta técnica.

Fernando Fernández considera “vergonzante” que Javier Fernández y Diego Movellán se ausentarán de las votaciones en el Senado y Comisión para “no votar no”.

En su opinión, se trata de un tema “muy serio” que han “reconocido todos” los grupos en el Parlamento, por lo que ha calificado de “actitud vergonzante” que el exconsejero de Medio Ambiente y actual senador por Cantabria por el PP, Javier Fernández, se ausentara en el Senado cuando se debatía una propuesta contra el fractura hidráulica. Y ha aludido al “reciclaje político” sufrido por el exalcalde de Camargo y actual diputado nacional, Diego Movellán, por la misma causa.

Por ello, ha cuestionado la “credibilidad” y la “justificación moral” del PP en esta materia, y les ha acusado de estar “supeditados” a los intereses de las grandes multinacionales que, en su opinión, son “un capital deshumanizado”.

Del Corral: “Presa de las hemerotecas”

En el debate del tercer punto del orden del día el diputado socialista Guillermo del Corral criticó la postura tomada por el senador Javier Fernández y por el diputado Diego Movellán. En tribuna parlamentaria, Del Corral cree que el PP es “presa de las hemerotecas”.

El diputado socialista y senador por Cantabria cree que los “populares han desarrollado una nueva técnica, la de huir de las votaciones que tiene que ver con el fracking tanto en le Congreso como en el Senado”. Son los “diputados y senadores escapistas” que con “actitud cobarde hacen dejación de funciones de representación” de los intereses de la ciudadanía de Cantabria, según el diputado el PSOE.

“Tampoco sé dónde quedó la actitud antisistema” comentó Del Corral “de Diego Movellán. Que llegó a pedir romper la disciplina de voto cuando era alcalde de Camargo y que ha pasado a ser el hombre invisible con otras ineludibles prioridades”.

Defensa de José Manuel Igual

“Ustedes atacan a senadores y diputados porque se ausentaron y ellos explicaron que puede haber fracking en Albacete y no haberlo en Cantabria”, defendió el diputado del PP José Manuel Igual. “Yo sinceramente considero a las Cortes Españolas soberanas pero yo lo que tengo muy claro es que en Cantabria los diputados del Partido Popular no queremos fracking y lo hemos combatido de todas las maneras posibles” explicó el también alcalde de Arnuero.

“Nosotros no queremos el fracking bajo ningún concepto”, aseguró Igual, “¿ustedes quieren ir más allá? Pues ya les digo, también las prohibimos en la Unión Europea o en el mundo”.

El Ejecutivo autonómico deberá trabajar en la redacción de una norma que evite la invasión de competencias del Estado para que la ley no sea anulada.

El Parlamento pide la extinción del permiso Luena y reclama una nueva ley antifracking en Cantabria

Pozo de 'fracking'
Pozo de extracción de gas mediante fractura hidráulica.

Por: eldiario.es

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes por unanimidad sendas proposiciones no de ley en las que se pide al Ministerio de Industria que declare la extinción del permiso Luena y se insta al Gobierno de Cantabria a presentar un nuevo proyecto de ley contra el fracking, atendiendo a la capacidad competencial de la comunidad para evitar que el Tribunal Constitucional lo pueda anular como hizo con la aprobada por unanimidad en la anterior legislatura.

La propuesta relativa a la extinción del permiso de investigación de hidrocarburos Luena ha sido promovida por Podemos. El PRC ha propuesto en el mismo Pleno incluir el permiso Bezana-Bigüenzo, dado que en ambos casos se ha vencido el plazo de seis años sin que la empresa promotora haya solicitado prórroga, pero el reglamento del Parlamento no lo ha permitido porque los regionalistas no lo han plasmado en una enmienda. La petición obedece a que una vez transcurrido ese plazo de seis años, el permiso sigue vigente si no se formaliza su caducidad.

La segunda iniciativa, promovida por el PRC, insta al Gobierno de Cantabria a “responder, en el marco de la legalidad vigente, de manera urgente a la amenaza de la utilización de la técnica de fractura hidráulica como medio para la extracción de gas, considerándolo como prioridad política, social, ambiental y económica de toda la Comunidad Autónoma”.

Con el fin de facilitar la respuesta administrativa y jurídica a los distintos procedimientos en marcha, la PNL señala que se articulará, a través de la Federación de Municipios y con el apoyo del Gobierno, la colaboración necesaria para proporcionar a los ayuntamientos la asistencia que precisen en el ámbito jurídico y administrativo para ejercer adecuadamente sus competencias.

Igualmente, se insta al Gobierno a que, a la mayor brevedad posible, redacte y presente un nuevo proyecto de ley en el que atendiendo al fallo emitido por el Tribunal Constitucional y a la capacidad competencial de la Comunidad Autónoma, se regulen y defiendan los intereses sociales, naturales, culturales, patrimoniales y medioambientales de Cantabria frente a proyectos de investigación o extracción de hidrocarburos que pudieran ser perjudiciales para la región en las citadas áreas de competencia exclusiva.

El PRC ha aceptado una enmienda del PSOE que pide la modificación de la Ley estatal de Hidrocarburos y la derogación de los artículos de la misma que permiten el fracking. Desde Ciudadanos han ironizado sobre el hecho de que el Gobierno “se solicita así mismo que dé un paso para adelante”. “El Gobierno tiene potestad para hacer estas cosas sin que sus propios grupos parlamentarios se lo pidan”, ha dicho Rubén Gómez.

Reproches cruzados

Durante el debate de ambas iniciativas, los cinco grupos parlamentarios se han esforzado en poner en valor su “total oposición” a la técnica del fracking, a la vez que se han cruzado todo tipo de reproches con alusiones en clave autonómica y nacional.

Tanto los grupos que sustentan al Gobierno, PRC y PSOE, como Ciudadanos y Podemos, han reprochado al PP que su senador Javier Fernández, exconsejero de Medio Ambiente, y su diputado nacional Diego Movellán, exalcalde de Camargo, se hayan ausentado de sendas votaciones en las Cortes de iniciativas que pedían la prohibición del fracking a nivel nacional, lo que C’s ha calificado de “hipocresía”, el PSOE de “contradicción” y el PRC de “traición”.

Desde el PP han replicado que “no se trata de hipocresía”, han defendido la decisión de sus parlamentarios nacionales y han recalcado que el PP de Cantabria “ha combatido del fracking de todas las maneras posibles y con lealtad” porque “no lo queremos bajo ningún concepto”.

Así, han recordado que el Gobierno de Ignacio Diego impulsó en la anterior legislatura la declaración firmada por todos los alcaldes para declarar Cantabria territorio libre de fracking, y promovió una ley “arriesgada” que, aunque fue declarada inconstitucional, “permitió que no se hiciera fracking en Cantabria”.

Para el diputado del PP José Manuel Igual, las “contradicciones” las trae el Gobierno” al presentar una proposición de ley de modificación de la Ley del Suelo para retomar la actividad en la mina de Reocín que “abre la puerta al fracking”.

Lo mismo ha dicho la portavoz de Podemos, Verónica Ordóñez, quien ha sumado a esa crítica la “inacción” del Gobierno autonómico por no solicitar por sí mismo la extinción del permiso de investigación de hidrocarburos Luena.

El portavoz del PRC y alcalde de Valderredible, Fernando Fernández, les ha replicado que “no es cierto” que la reforma de la Ley del Suelo abra la puerta al fracking y ha asegurado que “si hubiera un pequeño resquicio” en ese sentido, el PRC “actuará tajantemente para evitarlo”.

Fernández ha reprochado al PP que justifique la “actitud vergonzante” de sus parlamentarios nacionales y ha añadido que en la anterior legislatura el PP cántabro hizo creer a la opinión pública que tenía una actitud “valiente y honesta” frente al fracking pero a su entender fue “todo un puro teatro”.

Así, ha recordado que fue el Gobierno de Rajoy el que recurrió ante el Tribunal Constitucional la ley antifracking impulsada por el PP en Cantabria, y se ha preguntado “qué credibilidad tiene el PP” cuando tiene en su mano modificar la Ley estatal de Hidrocarburos y no lo hace.

Por otro lado, el PP ha replicado a la coalición PRC-PSOE que el permiso Luena fue aprobado en 2010 por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, junto a los permisos Angosto y Bezana Bigüenzo, y que el único permiso concedido en Cantabria, el Arquetu, lo dio el primer Gobierno PRC-PSOE.

El portavoz del PSOE, Guillermo del Corral, ha defendido que el permiso Luena fue aprobado cuando aún no se conocían las repercusiones del fracking sobre el medio ambiente y la salud y no hubo ningún tipo de oposición.

El portavoz del PP Eduardo Van den Eynde ha replicado que no se puede apelar al desconocimiento sobre el fracking en 2010 porque “ya se conocían perfectamente los problemas que podía llegar a causar”.

“Si se actuó por desconocimiento es una responsabilidad”, ha apostillado, a la vez que ha animado al Gobierno a impulsar una ley que pueda eludir los argumentos de inconstitucionalidad que anularon la norma impulsada por el PP en la anterior legislatura.

La mitad de fugas se produjo durante el traslado o almacenamiento de los residuos generados durante la extracción de gas y petróleo no convencional.

6.600 vertidos en pozos de ‘fracking’ en cuatro estados de EEUU.

Pozo de ‘fracking’ cercano a Williston, en Dakota del Norta ANDREW CULLEN/REUTERS
En: elmundo.es

La mitad de fugas se produjo durante el traslado o almacenamiento de los residuos generados durante la extracción de gas y petróleo no convencional.

Entre 2005 y 2014 los pozos de fracking causaron en cuatro estados de EEUU un total de 6.648 vertidos de agua con productos químicos o de otras sustancias generadas durante el proceso de extracción de hidrocarburos no convencionales. El recuento lo ha llevado a cabo un equipo de investigadores de la Universidad de Duke (EEUU) recopilando datos de Colorado, Nuevo México, Dakota del Norte y Pensilvania.

Para realizar esta investigación, publicada en la revista Environmental Science&Technology, estudiaron 31.481 pozos en los que se extrae gas o petróleo mediante la técnica de fracturación hidráulica o fracking, que consiste en inyectar a presión grandes cantidades de agua y productos químicos a varios kilómetros de profundidad para romper el sustrato de rocas que almacena gas o petróleo. Esta tecnología, muy extendida en EEUU, permite obtener gas y petróleo de zonas que no serían explotables mediante los pozos tradicionales.”Nos centramos en esos cuatro estados porque eran los que ofrecían los datos más completos sobre los vertidos entre 2005 y 2014 e incluían información suficiente para determinar si cada uno de esos vertidos estaba vinculado a un pozo de petróleo o gas no convencional”, explica a este diario Lauren Patterson, investigadora del Instituto de Soluciones Ambientales de la Universidad de Duke y autora principal del estudio.

El rápido crecimiento de la industria de extracción de los llamadas hidrocarburos no convencionales, escriben los autores, “ha generado empleos, ingresos y energía, pero también preocupación sobre los vertidos y los riesgos ambientales”. Y es que se trata de una técnica polémica debido al riesgo de contaminación de los productos químicos utilizados si se producen fugas en alguna de las fases de extracción.

Según detalla la investigadora a través de un correo electrónico, estudiaron un total de 31.481 pozos de gas y petróleo no convencional en esos cuatro estados aunque sólo Pensilvania ofrece una base de datos completa de sus pozos de fracking. El 14%, es decir, 4.701 pozos, sufrieron vertidos. En total, se produjeron 6.648 vertidos porque algunos pozos sufrieron más de uno. “De media, detectamos que se produjeron 55 vertidos por cada 1.000 pozos cada año”.

Por lo que respecta a las cantidades medias vertidas, oscilaban entre los 0,5 metros cúbicos en Pensilvania a los 4,9 metros cúbicos de Nuevo México. Los mayores vertidos superaron los 100 metros cúbicos, según la investigación.

Más de una fuga

“De los 31.481 pozos estudiados, 1.311 (es decir, un 4,2%) tuvieron más de un vertido. Y en esos 1.311 pozos hubo 1.947 vertidos más, sin contar el primero de ellos, lo que suma 3.258 fugas en esos 1.311 pozos”, afirma la investigadora. Por estados, el 26% de los pozos de Colorado y el 53% de los de Dakota del Norte sufrieron más de un vertido.

En el recuento realizado para este estudio, los investigadores tuvieron en cuenta los vertidos que se producían durante todo el proceso de extracción de gas y petróleo mediante el fracking, incluyendo el almacenamiento y el traslado de los residuos. De hecho, la mitad de las fugas contabilizados en este trabajo estuvieron vinculados a esas dos fases aunque no en todos los casos fue posible determinar la causa ya que sólo algunos estados obligan a que se informe explícitamente de ello.

Por eso, sus resultados contrastan con los de la Agencia para la Protección del Medio Ambiente de EEUU (EPA, por sus siglas en inglés), que cifró en 457 los vertidos en ocho estados de EEUU entre 2006 y 2016 al tener sólo en cuenta la etapa de fracturación hidráulica. “El estudio de la EPA sólo se centra en la fracturación hidráulica, que es un proceso que dura días o semanas, mientras que nosotros nos fijamos en todo el ciclo de producción, que se prolonga durante décadas”, dice Patterson.

No obstante, el estudio muestra que en esos cuatro estados, los primeros tres años de vida del pozo son los de mayor riesgo de vertido (entre el 75 y el 94% de las fugas se produjeron durante los tres primeros años de funcionamiento del pozo).

Evitar futuros vertidos

Los porcentajes de la cantidad de vertidos variaban mucho según los estados debido a distintas razones: “Por ejemplo, Nuevo México ha ido aumentando la cifra de manera continuada a medida que se incrementaba la actividad gasística y petrolera, mientras que en Pensilvania los vertidos han disminuido desde 2010“, explica Patterson. “Esto se debe a diversos factores, entre los que se encuentra la mayor experiencia que van adquiriendo los operadores y la implantación de mejores prácticas de gestión. En Pensilvania, el estado reforzó los estándares de seguridad para las áreas de almacenamiento de residuos, lo que obligó a los operadores a cerrar las instalaciones y a encontrar métodos más seguros para almacenar las aguas residuales”, relata.

La principal conclusión de su estudio, dice Patterson, es que lograr que los datos que se facilitan sobre los vertidos sean más uniformes y accesibles puede ofrecer a los actores involucrados en el fracking información importante sobre dónde dirigir sus esfuerzos para localizar y evitar futuros vertidos“. Sin embargo, uno de los obstáculos para lograr este objetivo es que la normativa para informar sobre los vertidos difiere según el estado y no está estandarizada, por lo que conseguir que sean datos útiles para el análisis requiere un gran esfuerzo.

Asimismo, considera que investigar todas las etapas del proceso ayuda a recabar información para evitar vertidos que pueden ocurrir en todo tipo de pozos, no sólo en los que se extrae gas y petróleo no convencional.

UPA sentencia: “el tratado de libre comercio con Canadá perjudicará a la agricultura y la ganadería españolas”

En: Salamanca24h.com

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos habla de “acuerdo injusto” en el que la sociedad europea “no sacará nada en claro y sí verá aparecer nuevos competidores que dificultarán su supervivencia”

La organización agraria UPA ha asegurado que la aprobación del acuerdo de libre comercio con Canadá (CETA) es una mala noticia para el sector agroalimentario europeo. Los agricultores fundamentan su preocupación en que el tratado abrirá las puertas del continente a un país que competirá con los productores europeos “con ventaja previa”.

“En Canadá impera un modelo de macrogranjas superproductivas con las que es casi imposible competir”, han explicado desde UPA. “Sus costes son menores, ya que utilizan productos y siguen normativas más laxas que las europeas, y eso nos coloca en una situación de clara desventaja”, aseguran. El vacuno de carne y el porcino son los sectores más vulnerables ante esta situación, que podrían sufrir importantes caídas de precios.

Los productores españoles dudan de que el CETA vaya a beneficiar a ningún sector dentro de nuestras fronteras, incluso a los más exportadores, como las frutas y hortalizas, el vino o el aceite. Desde UPA temen que, de beneficiar a alguien, será a las grandes multinacionales comercializadoras, y no a la inmensa mayoría de agricultores y ganaderos.

“Estaremos vigilantes”, han señalado desde UPA, “para exigir que impere el principio de precaución y se vigile cada kilo de producto que Canadá quiera exportar a Europa” aunque no tienen muchas esperanzas, ateniéndose a cómo funcionan los sistemas de control de la UE en acuerdos como el de Sudáfrica o el de Marruecos. “La realidad es que en Canadá hay menos control del uso de fitosanitarios, semillas, antibióticos y hormonas de engorde, “lo que debería preocupar a todos los europeos”, advierten.

Pedirán al ayuntamiento que exprese su rechazo al Tratado de Libre Comercio e Inversiones entre la Unión Europea y Canadá (CETA).

Cambiemos y Ahora Murcia piden el rechazo al CETA

En: laverdad.es

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Ahora Murcia y Cambiemos Murcia pedirán al ayuntamiento que exprese su rechazo al Tratado de Libre Comercio e Inversiones entre la Unión Europea y Canadá (CETA) que, según ambas formaciones, se ha negociado de manera “opaca, secreta y oscura” y beneficiará a las grandes multinacionales por encima de los intereses ciudadanos.

Las concejalas de esos partidos Alicia Morales y Margarita Guerrero han recordado que el Parlamento Europeo sacó adelante ese tratado la semana pasada con el apoyo de PP, PSOE y Ciudadanos a pesar de que su tramitación se hizo “de forma opaca, secreta y oscura, negándose su consulta a la ciudadanía y a los representantes políticos hasta que las negociaciones finalizaron”.En su opinión, el tratado, “lejos de reducirse a aspectos comerciales, alterará la forma en que los Estados regulan y aprueban normativas, condicionando la democracia a los beneficios económicos de las grandes empresas, que podrán incluso demandar a las instituciones que aprueben medidas contrarias a un supuesto derecho de enriquecimiento ilimitado”.

Además, han considerado que el CETA tendrá un “grave impacto” para los países en vías de desarrollo y para los derechos de los trabajadores, algo sobre lo que han alertado las comisiones de Desarrollo y de Empleo de la Eurocámara.

Por último, han considerado que “perjudicará a la seguridad alimentaria y la agricultura murciana, al ponerse en peligro las normas europeas de seguridad y producción alimentaria por la supresión de las diferencias normativas entre la UE y Canadá”, y del mismo modo afectará a la industria cárnica española, porque se podrá importar a la UE carne de animales hormonados, prohibido hasta ahora, por lo que han pedido al Ayuntamiento que exprese su rechazo al acuerdo.

“Va a ser uno de los territorios más perjudicados de Europa”

En: lavanguardia.com

La eurodiputada Marina Albiol, del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea, ha alertado hoy en Sevilla de que España, y en especial Andalucía, “van a ser uno de los territorios más perjudicados de Europa” por la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá (CETA).

Albiol ha destacado en rueda de prensa que esta comunidad autónoma va a ser especialmente perjudicada por el CETA dado el gran peso de su agricultura y ganadería, y porque, en su opinión, “las pequeñas y medianas empresas andaluzas no van a poder competir con las grandes multinacionales canadienses” para las que “este tratado está hecho a medida”.

En su opinión, el CETA favorecerá implantar un modelo de agroindustria “controlado por grandes multinacionales, que usan pesticidas y modificaciones genéticas no permitidas en Europa”.

“No es un tratado comercial; va muchísimo mas allá, porque va a afectar a nuestros servicios públicos, a nuestros derechos laborales, al medio ambiente y está hecho a medida de las multinacionales”, ha aseverado.

Ha denunciado que este acuerdo, se ha negociado “con oscurantismo y falta de transparencia” y ha vaticinado que se va a comenzar a aplicar “sin esperar a la ratificación por todos los estados miembro”.

Ha advertido de que el CETA favorecerá “una desregulación ambiental” en la Unión Europea y ha interpretado que este tratado esconde un “objetivo oculto: impedir que se puedan hacer políticas de izquierda, aunque la izquierda gane en las urnas”.

Albiol ha criticado que “todos” los eurodiputados del PSOE hayan votado a favor de este tratado lo que, en su opinión, sitúa a este partido “en el ala más conservadora de la socialdemocracia europea”.

El coordinador general de IU, Antonio Maíllo, ha anunciado que esta formación desarrollará una campaña institucional de rechazo del CETA en los ayuntamientos andaluces y que exigirá la comparecencia del Gobierno andaluz en el Parlamento autonómico para analizar las consecuencias que tendrá para Andalucía la aprobación de este tratado.

Maíllo ha criticado que el Gobierno andaluz “ha estado callado y mirando hacia otro lado” mientras se ha negociado y ratificado el CETA y ha deplorado a su presidenta, Susana Díaz, “solamente le interesa hablar de Andalucía para confrontar artificialmente contra el Gobierno central y en función de sus intereses personales tácticos a corto plazo”.

Ha asegurado que el CETA desprotegerá a las denominaciones de origen y ha vaticinado graves perjuicios para el sector del vino “que está directamente amenazado de muerte”, ha apostillado.

“No hay capacidad de competir de las explotaciones andaluzas frente a las grandes explotaciones de dimensiones extraordinarias de Canadá”, ha añadido. EFE